Informe Anual

“Consideramos fundamental que los bancos, fondos monetarios y otras instituciones financieras tengan en cuenta los impactos probables de los proyectos que financian”, dice convencida Marcella Ribeiro, abogada de AIDA.

Una muestra real de esos impactos es el desplazamiento forzado de cerca de 20 mil personas, incluidas las poblaciones tradicionales cuyos hogares quedaron sumergidos, la desintegración de las estructuras sociales de pueblos indígenas y el deterioro de sus medios de vida a causa de la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte en plena Amazonía brasileña.

Estas consecuencias son inadmisibles para el Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, uno de los mayores inversionistas del mundo.

Por ello, en mayo pasado, excluyó de su cartera de inversiones a Eletrobras, propietaria de casi la mitad de la hidroeléctrica y en control del consorcio que financió el proyecto.

De ese modo, Eletrobras —la mayor empresa de servicios públicos de Brasil— se quedó sin los 74 millones de dólares que el Fondo tenía invertidos en acciones y bonos de la firma estatal. Esta considerable desinversión constituye un ejemplo importante para otros inversionistas y envía un claro mensaje a Eletrobras sobre la necesidad de mejorar su desempeño.

El Fondo noruego —que opera bajo directrices éticas y retira de su portafolio a las empresas que no las respetan— siguió las recomendaciones de su Consejo de Ética, el cual consideró que Eletrobras incurrió en el “riesgo inaceptable” de contribuir a serias y sistemáticas violaciones de derechos humanos por su participación en Belo Monte.

Marcella, a nombre de AIDA y como parte de un esfuerzo conjunto de varias organizaciones de la sociedad civil, había informado al Consejo acerca de la situación de la población indígena y ribereña afectada por Belo Monte —cuya lucha hemos respaldado por años— y de las acciones judiciales nacionales e internacionales interpuestas contra el proyecto.

Lo hizo porque tiene claro que toda institución financiera está obligada a respetar los derechos humanos y a evitar que sus inversiones resulten en abusos contra estos.

La decisión del Fondo noruego es un precedente importante para desincentivar la continuidad de proyectos no sostenibles y mal llamados de desarrollo como Belo Monte.

“La rendición de cuentas es clave para evitar inversiones que dañen los derechos humanos y el ambiente, para mostrar que un financiamiento responsable y ético es posible”, dice Marcella.

La fuerza de AIDA viene de las personas a las que apoyamos y de las que aprendemos cada día. En un intercambio de saberes, nuestro equipo legal y científico trabaja de cerca con comunidades indígenas y tradicionales, mujeres y activistas que defienden su territorio, recursos naturales, modos de vida y cultura. Nos transmiten la sabiduría ancestral detrás del cuidado de ecosistemas clave, la valentía que implica cuidar el planeta en un contexto de alto riesgo y la importancia de la equidad de género en la solución de las problemáticas sociales y ambientales más urgentes.

Un círculo de mujeres abogadas indígenas

“En Guatemala, como en muchas otras partes del mundo, las oportunidades para las mujeres se han peleado duramente y para las mujeres indígenas, esa lucha ha sido doble”, dice Jovita Tzul.

Ella es una abogada maya que trabaja defendiendo los derechos y el territorio de comunidades indígenas en Guatemala. Junto con Liliana Ávila y Rosa Peña, abogadas de AIDA, Jovita reunió a un grupo de abogadas indígenas de todo su país en un taller realizado en agosto.

Desde las tierras altas hasta la selva del Petén, ellas viajaron a la capital para entrar en contacto con colegas en una comunidad creciente de abogadas que provienen de distritos históricamente ausentes de los espacios de poder pese a representar a casi la mitad del país.

El evento dio lugar al primer círculo de mujeres indígenas abogadas de Guatemala: mujeres que lideran la lucha para defender territorios y culturas ancestrales, enfrentando al mismo tiempo desafíos sociales.

Por su parte, Jovita, junto con AIDA y otras organizaciones, ha acompañado legalmente la resistencia pacífica de la microrregión de Ixquisis contra las enormes represas que amenazan su tierra y agua. En este sentido, ella ha ayudado a posicionar y empoderar a la resistencia local de mujeres en defensa de su territorio.  

El círculo, diseñado para el intercambio y el enriquecimiento mutuo, reveló que la lucha por la justicia ambiental y climática es también una lucha contra el racismo y el sexismo.

En el pasado, esas problemáticas estructurales y arraigadas, explica Jovita, han relegado a las mujeres indígenas a roles subordinados en una sociedad patriarcal. Pero la generación de mujeres a la que ella pertenece está reclamando el poder, que viene de su identidad.

En el círculo, las mujeres se conectaron entre sí a través de sus historias compartidas de perseverancia, determinación y de lucha por los derechos de su pueblo.

“No se puede buscar la fuerza en el lugar de donde fue tomada, hay que buscarla donde se originó”, dice Jovita. “Obtuvimos la fuerza de nuestros antepasados, no puedo negar quiénes son, así que no me niego a mí misma”.

Incluso su elección de ropa —muchas de ellas visten el traje tradicional maya cuando litigan casos o se presentan ante jueces— es una postura política en un mundo creado por y para hombres, señala.

"Es una forma de poner a nuestras madres, a nuestras abuelas, en el lugar que se merecen y de llevarlas con nosotras ante los altos tribunales de esta nación”. 

Ante la crisis, la acción. Pocas veces tenemos la oportunidad de forjar el futuro. Hoy conocemos el diagnóstico de nuestro planeta, existe el tratamiento y debemos exigir que se cumpla.

De esto se trata el litigo climático, de exigir ante las cortes que los causantes de la crisis climática se hagan responsables e implementen soluciones de manera justa.

Esta acción legal está elevando la discusión y poniendo de relieve la rendición de cuentas. Solo en Estados Unidos hay más de 800 litigios y en el resto del mundo, más de 250. Docenas se están convirtiendo en referentes.

“Para impulsar efectivamente estrategias de litigio climático, necesitamos más abogadas y abogados calificados que conozcan los contextos nacionales y tengan los recursos necesarios para llevar adelante casos clave con toda la complejidad técnica y social que implican”, dice Javier Dávalos, abogado senior del programa de Cambio Climático.

Con esto en mente, desde 2018, AIDA ha construido una comunidad de práctica de litigio climático. Durante este año la fortalecimos, creando un espacio de apoyo mutuo que reúne a organizaciones y activistas que exigen acciones climáticas justas en representación de la juventud, pueblos afrodescendientes e indígenas, mujeres, comunidades urbanas y campesinas, entre otros.

Algunos litigios buscan fallos que ordenen a gobiernos adoptar acciones climáticas, otros demandan a las corporaciones por su responsabilidad en la crisis y otros más buscan la reparación de graves violaciones a los derechos humanos. Los caminos son varios, el objetivo es el mismo: la justicia climática y un futuro digno.

Apoyamos la redacción y fortalecimos argumentos relacionados al cambio climático y desarrollamos estrategias jurídicas para abordar problemas como el uso de carbón, el fracking, la contaminación del aire y las trabas legales a las energías renovables.

Construir conocimiento es esencial para atender estos temas. Los argumentos que son llevados a las cortes son construidos por equipos interdisciplinarios que aportan su experticia legal, científica y social. Además, toman en cuenta el conocimiento ancestral y los aportes de las comunidades afectadas. Así podemos exigir acciones climáticas con perspectiva de derechos humanos y de género.

“El litigio climático que se gesta en América Latina usa las leyes y el conocimiento científico, para que la acción climática respetuosa de los derechos humanos sea una obligación y no un acto de buena fe”, dice Javier. “Será en ese terreno donde se concrete el camino del futuro que queremos y necesitamos”.